El concejal del Frente de Izquierda en Neuquén se refirió a un nuevo aniversario del acuerdo aprobado entre YPF y la petrolera norteamericana Chevron, que dio inicio a la explotación masiva de Vaca Muerta con la técnica del fracking. La denuncia despertó la reacción de Claudio Domínguez, concejal del MPN que en 2013 impulsó el pacto como presidente de la comisión de Medioambiente de la Legislatura.
El 28 de agosto de 2013 se aprobó en la Legislatura de Neuquén el convenio que habilitó la concesión del área Loma Campana por 35 años, por parte de las petroleras YPF y Chevron. Fue el inicio de la explotación masiva de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. Este jueves en la sesión del Concejo Deliberante de Neuquén, el concejal del PTS - Frente de Izquierda, Esteban Martine, intervino denunciando "el saqueo y la entrega".
Algunas de las definiciones del concejal del PTS - Frente de Izquierda:
A 9 años del desembarco del fracking en Vaca Muerta, se confirmaron todas las advertencias, pero ninguna de las promesas.
Luego de la intervención de Martine, el concejal oficialista (MPN) Claudio Domínguez, salió al cruce. Domínguez fue el encargado en 2013 de garantizar la aprobación del acuerdo desde la presidencia de la Comisión de Medioambiente de la Legislatura.
Dominguez acusó a Martine de "no estar informado", y al PTS de ser un partido "hacedor de nada". En su alocución defendió los acuerdos con las empresas y sostuvo que fue el autor de una ley para que los basureros petroleros no puedan instalarse a menos de 5 kilómetros de áreas urbanizadas.
Hablé del pacto con Chevron y Claudio Domínguez empezó a atacar a la izquierda, a los ceramistas, y todxs lxs que nos oponemos al saqueo. Fue el mismo que hizo circo en 2013 para defender un pacto a libro cerrado, con cláusulas secretas, represión y empresas off shore pic.twitter.com/9xPvx1KUdw
— Esteban Martine (@EstebanBMartine) August 25, 2022
"El partido de Domínguez es un hacedor de negocios para las petroleras", sostuvo Martine. El concejal de izquierda aclaró que "en el caso del basurero petrolero Comarsa quedó clarísima la connivencia estatal. Pasaron 7 años del decreto que obliga a la reubicación a la empresa, pero su gobierno le permite que siga en plena ciudad, y todos los años le habilita los permisos para el tratamiento de residuos peligrosos".
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