Una imagen de una chica embarazada, vestida de rojo, que era arrastrada en Plaza de Mayo hizo saltar de sus asientos a todas las mujeres que ese jueves habían llegado temprano a la Casa de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y miraban la televisión como si estuvieran asistiendo a una película de terror que ya habían visto. Con sus pañuelos blancos en las cabezas, se pusieron en marcha hacia la zona de la Casa Rosada. Hebe de Bonafini llegó a la Plaza, el lugar que con sus compañeras habitaba todos los jueves, y pidió hablar con el comisario. “¿Dónde está la piba, adónde se la llevaron? bramó la dirigente de derechos humanos ante los policías que estaban formados en la zona. Ese 20 de diciembre, las Madres de Plaza de Mayo –la Asociación y la Línea Fundadora– y otros referentes de organismos de derechos humanos fueron blanco de la represión que desplegaba el gobierno en retirada de Fernando de la Rúa. Un capítulo inédito en la historia de la democracia argentina y que, 20 años después, sigue sin castigo.
“El recuerdo que tengo de ese día es nefasto”, dice Taty Almeida, de la Línea Fundadora, que ese jueves estaba también la Plaza con otros integrantes del movimiento de derechos humanos como Laura Conte, fundadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nóbel de la Paz y dirigente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). “También nos tiraron gases. En un gobierno constitucional dejaron tantos muertos y atacaron a las Madres. Eso era atacar a los 30.000 porque nosotras existimos desgraciadamente porque nos han arrebatado lo más preciado que tiene una mujer que es un hijo”, dice.
Hebe de Bonafini había estado la noche anterior en las calles. Cuando De la Rúa declaró el Estado de sitio, en la Asociación improvisaron un documento para juntar firmas para repudiar esa medida. Carmen “Tota” Ramiro de Guede llegó temprano el 20 de diciembre a la Casa de las Madres. Tenía 66 años y venía de trabajar desde San Martín. Decidieron ir todas juntas, con una mesita de plástico, unas sillas y llevar el documento para juntar adhesiones. “La gente nos empezó a decir que nos fuéramos porque iba a haber represión. Nosotras pusimos la mesa y nos quedamos esperando que viniera el resto de las Madres”, cuenta “Tota”.
Alrededor de las 10.30 se escuchó por altoparlante un anuncio: en quince minutos había que desalojar la Plaza. La gente desafío la orden. Empezaron los cantos y los aplausos. Por la esquina de Rivadavia y Reconquista avanzaban,mientras tanto, los distintos cuerpos de la Policía Montada que ese día estaban a cargo del subcomisario Ernesto Sergio Weber –hijo del represor Ernesto Frimon Weber, que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),donde se ganó el apodo de “220” por su destreza para empuñar la picana–.
Las Madres se agarraron de las manos para hacer un cordón humano que impidiera el paso de los policías con sus caballos. Los animales las terminaron golpeando, a algunas las pisaron y les arrancaron las uñas de los pies. Los policías les disparaban con perdigones de goma. Una Madre, de las más mayores, quedó tendida en el suelo.”Tota” y otras compañeras se debatían si levantarla o no. Unos pibes con pelos largos vinieron a socorrerlas. “Yo les grité que la dejaran porque pensaba que eran policías de civil pero me dijeron que eran de la radio La Tribu, que tenían una camioneta ahí para que nos subiéramos”.
La contracara de la represión desmedida fue la solidaridad. Hay imágenes de ese día emblemáticas, como las que se ve al fotógrafo de Página/12 Gonzalo Martínez ayudando a salir a una Madre mientras una nube de gases nublaba todo el entorno. “Yo estaba en la Legislatura porque era la directora de Derechos Humanos. Cuando vimos que empezaban a reprimir y estaba la gente de los organismos en la Plaza, pedimos que abrieran las puertas para que se pudieran refugiar”, recuerda Graciela Lois, referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Una de las Madres que llegó a guarecerse ahí fue Marta Vásquez.
La represión a las Madres –uno de los capítulos más dolorosos de la democracia– jamás se juzgó. El fiscal Franco Picardi le encargó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que identificara a los policías que habían avanzado contra siete integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y contra un grupo de manifestantes.
Con ese trabajo, Picardi imputó a Weber, a Fernando Héctor Villegas –que entonces era principal y se lo ve en las imágenes pegándoles con un rebenque a las mujeres de pañuelo blanco– y a Luis Oscar Rodríguez, un cabo que era parte de uno de los grupos de combate de la Montada de la Policía Federal. Pese a que Claudio Bonadio buscó que la causa prescribiera, el expediente está elevado a juicio desde el año pasado y en poder del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que deberá avanzar con la prueba y fijar fecha para el debate oral.
Muchas de las Madres, víctimas de esa represión, fallecieron en estos 20 años que pasaron. La justicia llega tarde – esta vez también–. “Fue terrible esa represión: contra las Madres, contra los jóvenes, con tantos muertos y nadie se hace cargo”, dice “Tota” Guede. “¿Por qué la justicia siempre es así de lenta? –se pregunta– Siempre hablamos nosotras y los culpables de la represión no dicen nada”.
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